El Senado de la Nación de la República Argentina se apresta a sancionar una ley de Canon Digital, en una clara muestra de ignorancia de cómo se debe legislar en el marco de la Economía del Conocimiento.
La lógica resistencia de los miembros de la industria tecnológica que ven como margina cada vez a más a los sectores más humildes de la economía del conocimiento, se expresa en los medios de forma contundente y clara, llevando su presión al reciento y obligando al Senador Miguel Ángel Pichetto a dar marcha atrás con este nefasta iniciativa, que bajo la inocente intención de proteger los derechos de autores de composiciones musicales, margina a cada vez más ciudadanos del acceso a la tecnología y por ende al conocimiento que ella transporta.
Pareciera que algo tan simple como entender que a mayor precio de un dispositivo mayor cantidad de excluidos, es imposible de entender.
Pareciera que cuando hablan de millones de PC para los alumnos en los diferentes ciclos escolares, se olvidan que quieren alejarlos mas del objetivo de inclusion plena, aumentando el precio de los dispositivos.
Es ilógico pensar que para proteger a unos pocos, se proponga colocar un impuesto que afecta y margina, excluye y condena a quienes menos posibilidades tienen en una sociedad altamente competitiva.
Siempre he expresado con mucha fuerza que el peso de la exclusión para los pueblos latinoamericanos, es más indecente que lo que fueron las deudas externas de los 80, una deuda se puede negociar y quitarle ceros, pero a un excluido no se le puede quitar un brazo para que sea menos excluido.
El proyecto de ley establece un canon para los productos que incluyen dispositivos que cuenten con una memoria, disco rígido externo, pen drive, reproductores de mp3/mp4/mp5, reproductores de DVD, CD teléfonos celulares, que permitan copiar archivos
En el artículo 12 del proyecto se establece un gravamen en los montos para cada producto y establece un 10 por ciento de rígidos integrados o no a una computadora, el 75 por ciento de gravamen para reproductores de CD, DVD y Blu-ray, 5 por ciento de tarjetas de memoria, así como los decodificadores de señales de televisión por cable o satelital, walkmans y MP3 y uno por ciento en celulares.
La Fundación Vía Libre, entidad dedicada a la defensa del software libre, expresó con gran sentido común que no se puede gravar la copia privada y por tal motivo es considerada inconstitucional la propuesta.
Es hora que los dirigentes políticos de toda la región reflexionen sobre los daños colaterales que provocan la mala legislación y la atiendan al bien de la mayoría, por encima de las necesidades de ciertas minorías.
Cabe aclarar que considero que el respeto a la propiedad intelectual de obras musicales, es la base de la defensa la cultura e identidad local de los pueblos, pero esto no implica que se pueda vulnerar los derechos individuales de cada ciudadano, solo para defender el trabajo de una minoría.
Quizás sería más justo considerar un impuesto a todos los legisladores para aportarlos al fondo de canon digital, ya que son los legisladores quienes no pueden encontrar una herramienta que pueda proteger a los derechos de autor del mundo de la rama musical.
Esto es tremendamente más justo que seguir excluyendo ciudadanos de la economía del conocimiento.
Marcelo Lozano
Director CIO América Latina
2 de julio de 2011
Fuente: CIO América Latina www.cioal.com